El decreto de pisos turísticos de la Comunidad de Madrid se aprobará antes de octubre tras haber recibido ya el visto bueno de la Unión Europea y después de haber incorporado algunas de las alegaciones presentadas. Así lo ha asegurado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad, Jaime de los Santos. El texto incluirá sanciones de hasta 300.000 euros para plataformas digitales que no cumplan la norma.
El decreto contiene la obligación de que las viviendas de uso turístico cuenten con un certificado de idoneidad que garantizará que el inmueble cumple unos requisitos básicos. Este viene a sustituir a algo «prehistórico» como era la cédula de habilitabiliad, «basada en una ley de 1944 y que establece características que «nada tienen que ver con el turismo de calidad que defiende la Comunidad». Habrá, además, unos meses para que los propietarios se pongan al día.
Asimismo, incorpora que en 40 metros cuadrados útiles se podrán alojar hasta cuatro personas y por cada 15 metros cuadrados adicionales se permitirán dos personas. También se obliga a disponer de información de teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios en al menos dos idiomas y ventilación directa al exterior.
En el texto, ha desgranado De los Santos, se incluye por primera vez que las plataformas de comercialización turísticas, como Airbnb, se conviertan en plataformas turísticas y, por tanto tengan «derechos y obligaciones, como la de solo publicitar aquellas viviendas que estén en el registro de la Comunidad».
Regular desde el primer día
Además, el consejero regional ha dejado claro que, a diferencia de la propuesta sobre la materia del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad regulará desde el día 1. En este sentido, ha criticado que desde el Consistorio se sitúen como «el paladín de la Justicia universal pero a partir del día 90».
Para el consejero regional, «del día 1 al 89 la invisibilidad se convierte en la principal característica pero desde el 90 entran restricciones absolutamente antidiluvianas que van en contra de muchos derechos de los ciudadanos». Según los cálculos, «si divides los 52 fines de semana del año en los 90 días, el Consistorio no regularía hasta el fin de semana número 48».
De los Santos ha criticado que se hagan «cortinas de humo para intentar generar grandes titulares que luego no se llevan a la práctica». «Llevan tres años diciendo cosas que no han convertido en norma cuando además son los que tienen las competencias urbanísticas y medioambientales mientras que la Comunidad solo tiene las puras y meramente turísticas», explicaba.
Ante «los inventos y reflexiones grandilocuentes» en la materia que ha presentado el Gobierno de Manuela Carmena, De los Santos cree que deben ser «los tribunales los que den su opinión mientras que la Comunidad seguirá haciendo lo que tiene que hacer, que es ser responsable».
Alegaciones del Ayuntamiento
El decreto del Ejecutivo regional incorpora además alegaciones de las presentadas a posteriori, concretamente dos del Ayuntamiento de la capital y prácticamente la totalidad de las presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
Dicho decreto ha recibido el visto bueno de Bruselas. «Ninguno de los países miembros tenía nada que alegar por lo que ya estamos en los últimos tramos de tramitación y se hará realidad en muy poco tiempo», ha asegurado el consejero, que se da de plazo para su aprobación el tercer trimestre del año, por lo que antes de octubre estará ya aprobado.
