La plataforma de alojamiento por internet Airbnb y la agencia inmobiliaria Century 21 han presentado un acuerdo en Francia para facilitar los subarriendos turísticos y que tanto los propietarios de los apartamentos como sus inquilinos obtengan beneficios por ellos.
El pacto, que ambas compañías califican de «histórico», establece que el 70% del beneficio irá dirigido al inquilino, otro 23% al propietario, que debe dar su visto bueno al subarriendo turístico, y el 7% restante a Century 21, encargada de colgar el anuncio en Airbnb y de las gestiones administrativas pertinentes.
Esta asociación busca simplificar los subarriendos hasta un tope de 120 días anuales. De momento podrá aplicarse en París, pero el objetivo es extenderlo en los próximos meses a toda la red de Century 21 en Francia, presente también en otras ciudades como Niza, Marsella o Lyon.
El director de Airbnb en Francia y Bélgica, Emmanuel Marill, destacó en el comunicado que, solo en París, más del 60% de los hogares están en un piso de alquiler, por lo que el acuerdo les permitirá disponer de una fuente adicional de ingresos con todas las garantías.
El presidente de Century 21 Francia, Laurent Vimont, añadió que no aporta una presión añadida al mercado inmobiliario, ya que fomenta el alquiler de bienes ya ocupados.
El precio al que se ofrece el apartamento, así como la gestión del anuncio una vez publicado y el recibimiento de los huéspedes, queda en manos del inquilino.
El gobierno no ve problemas
El concejal parisino de Vivienda, Ian Brossat, apuntó en el diario «Le Parisien» que si el propietario está al corriente, el inmueble ha sido registrado y no se supera el límite de los 120 días fijados por el Ayuntamiento, su subarriendo no plantea un problema.
Airbnb y otras plataformas turísticas se comprometieron el pasado 6 de junio en Francia a poner de aquí a finales de año un límite automático de 120 días al año para el alquiler turístico de las residencias principales como una forma de luchar contra el fraude.
Su compromiso afecta a París y a municipios donde haya un desequilibrio destacable entre la oferta y la demanda de alquileres y se adelantó a esa misma obligación que figura en la nueva ley de vivienda presentada el pasado 18 de junio en Consejo de Ministros.
