El Gobierno francés está preparando un proyecto de ley sobre la vivienda que reforzará las sanciones para las plataformas de Airbnb y los propietarios que incumplan las reglas de los alquileres turísticos.
El secretario de Estado responsable de estas cuestiones, Julien Denormandie, justificó ese endurecimiento de las sanciones porque las reglas «no se respetan lo suficiente», en una entrevista al canal France 2.
Se refirió, en particular, a la que desde el pasado 1 de diciembre obliga a que todo aquel que proponga un alquiler turístico de un inmueble amueblado tiene que haberse registrado y presentar el número de registro en su anuncio.
No más de 120 días al año
El objetivo de esa identificación es poder verificar que ese bien no se alquila más de 120 días al año, ya que superar ese umbral obliga a modificar el procedimiento y a declararse como empresa comercial.
Las multas pasarán de 5.000 a 10.000 euros para los propietarios que no cumplan con sus obligaciones y se crearán otras nuevas para las plataformas -hasta ahora exentas-, que irán de 10.000 a 50.000 euros.
Denormandie consideró positivo el desarrollo de las llamadas plataformas colaborativas de alquiler, pero advirtió de que eso no puede degenerar en «la ley de la selva». Aseguró que el objetivo no es impedir el negocio de esas empresas, «pero hay reglas que se tienen que respetar, y cuando no se respetan hay sanciones».
