La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado remitir al Gobierno un requerimiento previo por el que pide la modificación de la norma que obliga a los intermediarios de alquileres turísticos como Airbnb a informar a la Agencia Tributaria.
El organismo pide al Gobierno que suprima o modifique las obligaciones de informar en materia tributaria sobre los intermediarios de viviendas turísticas, al entender que puede «distorsionar la competencia si fuerzan a los intermediarios a modificar su modelo de negocio para poder recabar la información».
Las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, tendrán que suministrar a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad antes del 31 de octubre, según la orden ministerial que regula el nuevo modelo de declaración informativa sobre los alquileres turísticos.
El ‘superregulador’ considera que el real decreto aprobado por el Gobierno en esta materia no delimita «con claridad quienes será los sujetos obligados a proporcionar la información«, según explica en su nota.
«Si se incluye entre los obligados a entidades que no intervienen en todas las fases de la transacción, se podría imponer a estas entidades una carga sustantiva, que puede tener un efecto restrictivo de la competencia«, señala el organismo que preside José María Marín Quemada.
Asimismo, considera que las obligaciones de información incluyen algunos aspectos que pueden ser «innecesarios o desproporcionados» para el fin perseguido por la norma (prevención del fraude fiscal).
Nueva obligación fiscal
La nueva obligación fiscal, aprobada por Hacienda en diciembre de 2017, entrará en vigor en julio de este año, por lo que las plataformas de pisos turísticos tendrán hasta el mes de octubre para informar a la Agencia Tributaria de los alquileres suscritos entre julio y septiembre, ya que la declaración tiene una periodicidad trimestral, debiendo presentarse durante el mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
En concreto, se requerirá la identificación del titular de la vivienda, la identificación del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la identificación de las personas o entidades cesionarias.
De igual forma, tendrán que incluir la identificación del inmueble objeto de cesión, la referencia catastral, en su caso, y el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
También debe figurar el importe percibido por el titular cedente del derecho y el número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de la vivienda.
De esta forma, Hacienda trata de ponerle coto a determinados alquileres turísticos bajo los cuales se encuentran incluso cadenas hoteleras que alquilan sus viviendas mediante plataformas enmascaradas de usuarios particulares.
Las declaraciones las deberán presentar las personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.
Airbnb, también en contra
La plataforma de alquiler de viviendas entre particulares Airbnb ha dicho que coincide con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en que las obligaciones de información a Hacienda establecidas para los intermediarios en esas operaciones «son impracticables».
En un comunicado, Airbnb ha dicho que quiere «ser un buen socio en cuestiones de impuestos» y «trabajar con el Gobierno en soluciones de sentido común que faciliten que los anfitriones paguen su parte justa de impuestos».
No obstante, ha afirmado que la norma del Gobierno supone «un paso atrás para ese objetivo» y ha añadido que está de acuerdo con la CNMC en que «las obligaciones son impracticables», al tiempo que ha manifestado que espera «tener la oportunidad de trabajar con el Gobierno en una vía mejor».
Hacienda envió 136.000 avisos
Esta discrepancia de Competencia y Airbnb se produce después de que la Agencia Tributaria enviase 136.000 avisos a los contribuyentes sobre los que tenía sospechas de que eran presuntos arrendadores que debían declarar por el IRPF por las rentas obtenidas en 2016.
Según esta información, fruto de estas llamadas de atención, la recaudación se incrementó hasta los 522 millones de euros, lo que representa un incremento del 40,5% sobre la Renta de 2014, primera declaración realizada tras la desaparición de las deducciones de alquiler a favor de los arrendadores y los beneficios que obtenían los arrendatarios.
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