Según las cifras oficiales, la Comunidad de Madrid fue la sexta autonomía en recepción de turistas extranjeros durante 2016 y la ciudad de Madrid, la segunda más visitada del país en ese mismo periodo. Sin embargo, tanto Gobierno autonómico como municipal aún tienen pendiente la aprobación de una regulación específica para las viviendas de alquiler turístico, algo que exige la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).
Según AEHM esta situación está incrementando el malestar entre el sector hotelero de la región, que ve cómo en otras comunidades autónomas se han regularizado de forma adecuada y satisfactoria los alquileres vacacionales. Según Mar de Miguel, secretaria general de esta asociación, «desde la AEHM reclamamos competir en igualdad de condiciones, lo que pasa necesariamente por desarrollar una legislación efectiva que contemple todos los criterios necesarios para poder seguir ejerciendo esta actividad y sanciones para aquellos que se salten la normativa».
Desde luego, motivos para la inquietud de los hoteleros hay: según la valoración de AEHM, el negocio de la plataforma de casas y apartamentos vacaciones Airbnb se ha incrementado un 70% durante el pasado año en la ciudad. Sobre todo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara el pasado mes de junio el decreto autonómico que estipulaba que las viviendas de uso turístico no podrían contratarse por periodos inferiores a cinco días. Para de Miguel, «estas cifras son más que preocupantes, porque sólo representa a una de las plataformas que se dedican a este negocio. Los datos que maneja Exceltur indican que más del 50% de la oferta de viviendas de alquiler de uso turístico que hay en Madrid no está registrada».
La secretaria general de AEHM también se refiere a otros datos aportados por ese organismo, según los cuales la capital ha pasado en el último año de tener 10.000 apartamentos vacacionales, con unas 37.000 plazas, a tener registradas 20.000 viviendas, con unas 78.000 camas. Según de Miguel, «queremos que exista una normativa efectiva de obligado cumplimiento para poder abrir y registrar estos establecimientos y no sólo por temas de calidad, sino también para tener un control y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos».
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